La desidia institucional también está contra la ley

En Ciudad del Este, la situación de los pueblos indígenas dejó de ser una “problemática social heredada” para convertirse en una evidencia cotidiana de abandono institucional.

Negarlo ya no es ignorancia: es una estrategia política para eludir responsabilidades. Desde sectores afines al actual gobierno municipal se insiste en una tesis cómoda: que la cuestión indígena corresponde exclusivamente al Gobierno Central, a través del INDI. Sin embargo, esa afirmación no resiste el más mínimo análisis jurídico.

La Constitución Nacional, en sus artículos 168 y 169, no fragmenta la responsabilidad del Estado: la distribuye. La protección de los pueblos indígenas es una obligación concurrente que alcanza al municipio, a la Gobernación del Alto Paraná y a entes con funciones de desarrollo territorial como Itaipú Binacional.

La Ley Orgánica Municipal N.º 3966/2010 es categórica: los municipios tienen competencia directa en desarrollo humano y social, protección de sectores vulnerables, ordenamiento territorial e inclusión económica.

Por lo tanto, cuando comunidades indígenas sobreviven en semáforos, basurales o asentamientos precarios dentro del ejido urbano, la inacción municipal no es una opción política válida, es un incumplimiento de deber legal.

Pero el problema es aún más grave.

La Gobernación del Alto Paraná, con presupuesto propio y programas sociales, ha optado por una presencia meramente administrativa, sin una política estructural que enfrente esta exclusión histórica.

E Itaipú Binacional, que dispone de recursos excepcionales destinados al desarrollo social en su área de influencia, no puede seguir actuando como espectadora mientras la pobreza indígena se manifiesta a pocos kilómetros de sus oficinas.

Cuando municipio, gobernación y binacional coinciden en la pasividad, ya no estamos ante un error de coordinación, sino ante una desidia institucional compartida.

Trasladar culpas, discutir competencias o apelar a discursos técnicos vacíos no cambia la realidad: hay recursos, hay atribuciones legales y hay herramientas políticas que hoy no se están utilizando.

En este contexto, la Junta Municipal no puede continuar funcionando como una escribanía del Ejecutivo. Su rol constitucional es legislar, controlar, exigir informes y denunciar la inacción. Callar frente a la exclusión también es una forma de decidir.

La pobreza indígena en Ciudad del Este no es invisible.

Invisible es la voluntad política para enfrentarla.